COVID-19 y América Latina: ¿Qué es necesario para que una región muy vulnerable pase a estar preparada para una pandemia?

Este documento forma parte de una serie de notas de debate que abordan preguntas fundamentales sobre la COVID-19 y las estrategias de respuesta. Los trabajos han sido elaborados sobre la base de la mejor información científica disponible y pueden ser actualizados a medida que esta evolucione.

Escrito por Carolina Batista (foco estratégico para América Latina y el Caribe de ISGlobal) y Leire Pajín Iraola (directora de Desarrollo Global de ISGlobal), el documento ofrece un análisis conciso del impacto actual de la crisis de la COVID-19 en América Latina, resalta cinco vulnerabilidades específicas de la región y destaca algunas experiencias positivas y recomendaciones que podrían ayudar a enfrentarse a la situación.

Somos víctimas y testigos del impacto sin precedentes de la pandemia de COVID-19 en todo el planeta. Países con fuertes sistemas sanitarios y mecanismos de protección social han visto cómo sus estructuras se colapsaban al enfrentarse a cifras abrumadoras de personas infectadas y de muertes. Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia el pasado 11 de marzo, el virus se ha propagado a varios países de todos los continentes; el día 22 de julio se habían notificado cerca de 15 millones de casos en todo el mundo, y más de 616.000 personas habían perdido la vida a causa de la COVID-19.

Pero la situación ha afectado de forma desproporcionada a las regiones con unos sistemas sanitarios más frágiles, con grandes bolsas de población vulnerable y con unos contextos socioeconómicos que dificultan las medidas de confinamiento. Tal es el caso de América Latina, una región de 650 millones de personas en la que el coronavirus está exacerbando las desigualdades existentes y ensañándose con las personas y las comunidades que vienen padeciendo vulnerabilidades desde hace mucho tiempo, como las mujeres, las personas migrantes y las comunidades indígenas. 

Hasta que no se hayan desarrollado vacunas y tratamientos eficaces, y no se hayan puesto a disposición de todas las personas que los necesiten, seguiremos enfrentándonos a un riesgo epidemiológico. Pero existen acciones que pueden emprenderse mientras tanto para mitigar el impacto del coronavirus en los sistemas sanitarios y socioeconómicos de la región, como demuestran los ejemplos exitosos de algunos países de América Latina.

Impacto social, económico y sanitario de la COVID-19 en América Latina

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cerca de 142 millones de personas, prácticamente una cuarta parte de la población de la región de América Latina, se encuentran actualmente en riesgo de contraer la COVID-19. La región fue testigo de cómo sus casos aumentaban de forma exponencial desde el momento en que la primera infección importada fue detectada en Brasil el 26 de febrero, y la primera muerte se notificó en Argentina el 7 de marzo. La OMS declaró América Latina el nuevo epicentro de la enfermedad, con más de 3,5 millones de personas infectadas y cerca de 152.000 muertes; uno de cada cuatro casos de COVID-19 a nivel mundial tienen lugar en la región

Los países más afectados son, según datos de la tercera semana de julio de la Universidad Johns Hopkins: Brasil, Perú, Chile y México. En conjunto, estos cuatro países han registrado más de 2,8 millones de casos. Otros países de la región también están luchando para contener brotes masivos, como es el caso de Colombia, Argentina y Ecuador.

El impacto real de la COVID-19 en las economías locales aún está por ver, pero los análisis preliminares apuntan al equivalente de una gran depresión. La pandemia de COVID-19 puede exacerbar su deuda, generando una crisis financiera sin precedentes.   

La COVID-19 ha sacado a la luz las desigualdades, las fragilidades y la crónica falta de inversiones de los sistemas sanitarios de América Latina. Las barreras de acceso a los servicios son multidimensionales. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la división regional de la OMS, el 30% de la población no puede permitirse pagar la atención sanitaria, y el 21% está excluido de ella por motivos geográficos.[1] Esto significa que muchas de las personas más vulnerables de la región se hallan atrapadas en un círculo vicioso de pobreza, exclusión y enfermedad.

Cinco vulnerabilidades de América Latina en el abordaje de la pandemia

La pandemia de la COVID-19 está sacando a la luz las vulnerabilidades y limitaciones subyacentes en la región que obstaculizarán la respuesta a la epidemia y la posterior recuperación.

1. Falta de liderazgo político y de alineación en las recomendaciones de salud pública.
2. Trabajo informal. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente el 54% de las personas trabajadoras de América Latina dependen de su trabajo en el día a día para asegurarse unos ingresos básicos. No pueden cumplir con las medidas de aislamiento social o de confinamiento, sus reservas de dinero en efectivo son limitadas y no disponen de acceso a redes de seguridad a nivel social. Por otra parte, solo el 26% de las y los trabajadores del ámbito formal pueden teletrabajar, y solo el 20% de los 154 millones de niñas y niños y adolescentes disponen de medios para seguir con su educación de forma remota.
3. Desigualdades de género. La pandemia de la COVID-19 aumenta la vulnerabilidad y la precariedad de las mujeres.
4. La “maldición” de los países de renta media en la respuesta global. La mayor parte de la región sigue englobándose en la categoría de países de renta media o media-baja. En un contexto en el que las economías más ricas ya están tomando medidas por su cuenta y las más pobres pueden beneficiarse de unas políticas de ayuda reforzadas, una gran cantidad de la población del planeta podría quedarse atrás.
5. La mayor vulnerabilidad específica de algunos grupos sociales. Las personas indígenas y las de ascendencia africana se encuentran entre los grupos más vulnerables de América Latina.

Las historias de éxito de América Latina: desde respuestas lideradas por el gobierno a una fuerte implicación comunitaria

Aunque la región se enfrenta a unos retos enormes para abordar el virus, algunos países están emergiendo como líderes en la gestión de respuestas exitosas. Paraguay, Uruguay y Cuba, por ejemplo, han tomado medidas que han mantenido el número de casos y de muertes a un nivel significativamente menor que el del resto de América Latina. Grupos internacionales han clasificado su actuación entre algunas de las 45 mejores prácticas para la COVID-19 en todo el mundo.

Según la Universidad Johns Hopkins, a mediados de julio el número de casos notificados se hallaba justo por encima de los 3.200 en Paraguay y de los 1.000 en Uruguay, y en conjunto los dos países sólo han notificado 56 muertes relacionadas con la COVID-19, algo que contrasta con las enormes cifras en el conjunto de la región. Los modelos matemáticos sugieren que, solo en Paraguay, la respuesta del país a la COVID-19 ha evitado cerca de 15.000 muertes.

El camino a seguir: oportunidades para construir una región post-coronavirus más resiliente e inclusiva

La crisis provocada por la COVID-19 exige una respuesta rápida, ambiciosa y equitativa por parte de los países de América Latina y de la comunidad internacional que les apoya. Pero también representa una oportunidad de reevaluar algunas de las políticas económicas, sociales y ambientales que han magnificado la vulnerabilidad de los habitantes de América Latina durante esta crisis. A pesar del reciente shock –o quizá como consecuencia de él− el compromiso regional con la Agenda 2030 es más importante que nunca. Los líderes de América Latina tienen la opción de elegir si esta crisis pondrá en peligro el progreso hacia un desarrollo sostenible o si servirá como catalizador para el abordaje de las desigualdades subyacentes y fomentará profundas transformaciones.

Estas son algunas acciones clave que las autoridades nacionales y regionales podrían emprender en respuesta a la COVID-19 según las recomendaciones de instituciones internacionales como la OPS, el PNUD, la CEPAL y la OCDE. Muchas de ellas ya son parte de las actuales estrategias a nivel nacional, y algunas dependen del compromiso de la comunidad internacional.  

Dimensión de salud

• Ampliar el acceso a los test y a la atención sanitaria a todas las personas que lo necesiten, con especial atención a las personas más vulnerables.
• Construir zonas de aislamiento e incrementar el número de camas de UCI.
• Mejorar la capacidad del rastreo de contactos del país. 
• Garantizar el suministro de equipos de protección individual (EPIs), en especial para todo el personal sanitario.

Dimensión socioeconómica y política 

• Garantizar el acceso a la asistencia humanitaria básica a las personas que vivan en la pobreza extrema y a los grupos más vulnerables.
• Crear una renta básica de emergencia específica equivalente al umbral de pobreza durante seis meses, para toda la población que viva en la pobreza en el año 2020 (215 millones, 34,7% de la población).
• Establecer becas contra el hambre para las personas que vivan en la pobreza extrema.
• Garantizar la protección de los ingresos y de los puestos de trabajo a las personas en situación de trabajo formal.
• Extender el acceso a los beneficios por desempleo a los trabajadores de baja cualificación y a las personas en situación de trabajo informal.

Recomendaciones a medio plazo y de recuperación

• Acceder a plataformas multilaterales para garantizar la inclusión de los países de América Latina y el Caribe de renta media en las respuestas multilaterales de emergencia que ya estén activas.
• Aprobar la moratoria del pago de impuestos a los países de América Latina y el Caribe.
• Diseñar e implementar políticas públicas para enfrentarse al estigma, garantizando así que los grupos vulnerables y marginalizados no sean discriminados.
• Incorporar la perspectiva de género en los planes de respuesta a través de la participación significativa de las mujeres para evitar el sesgo de género.
• Diseñar planes de recuperación y desarrollo haciendo especial hincapié en grupos marginalizados en áreas urbanas, y en las comunidades indígenas.