Garantizar la protección en salud en tiempos de crisis es posible (y necesario) ¡La clave está en el estado!

El seminario “Building a Global Health Social Contract for the 21st Century”, organizado por ISGlobal los días 7 y 8 de noviembre, contribuyó a identificar los elementos necesarios para sentar las bases de una nueva concepción de la salud global que coloque las necesidades de las personas en el centro. Tras afirmar esto, la duda apremia: ¿Cuándo dejaron las personas de estar en el centro de la formulación de políticas? Y si el bienestar de las personas no es el eje la acción internacional y nacional en materia de salud, entonces ¿qué lo es?

El estallido de la crisis y las medidas de austeridad aplicadas a continuación pusieron de manifiesto una realidad difícil de digerir pero imposible de negar: las necesidades del sistema financiero (que está al servicio de muy, muy pocas personas) determinan la capacidad de los estados de cumplir su función principal: la protección de sus habitantes, la satisfacción de sus necesidades básicas. La crisis económica se ha transformado en una crisis moral, en la que lo público ha perdido terreno ante lo privado a velocidad de crucero. Ante este estado de cosas, cualquier solución pasa por volver a situar la acción política por encima del beneficio económico. ¿Difícil? Sí. ¿Posible? Sin duda, porque la economía no es sino una construcción humana, y no un fenómeno natural al que debamos plegarnos sin más.

Ofrecer una respuesta a nivel global requiere de la articulación de muchos y muy complejos elementos. En la actualidad hay un gran número de actores con capacidad de determinar la agenda internacional en salud (organizaciones intergubernamentales clásicas como la OMS, nuevos foros como el Fondo Global de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, grandes filántropos, compañías farmacéuticas u ONG, por citar sólo algunos de ellos), cuyo papel y legitimidad no están perfectamente claros. Sólo cuando lo estén podremos avanzar en la construcción de un sistema de gobernanza que permita establecer prioridades y regular la acción de todos estos actores y, en consecuencia, dar respuesta a las necesidades globales en salud.

A nivel estatal, en cambio, las posibilidades de actuación son numerosas y, sobre todo, inmediatas. Por una parte, los estados tienen la capacidad (y el deber) de recuperar el espacio perdido en materia de salud. Para ello, además de volver a situar la protección de los individuos en el centro de la acción gubernamental, tienen que movilizar los recursos necesarios para garantizar que nadie quede al margen de su actuación. La Tasa a las Transacciones Financieras, que en España podría recaudar ni más ni menos que 5.000 millones de euros al año, parece una buena forma de lograrlo. Recientemente el gobierno ha dejado pasar la oportunidad de apostar por el impuesto y obligar al sector financiero a restituir a la sociedad una pequeña parte del dinero recibido para su rescate. A partir de enero del próximo año se librará una batalla determinante en la aplicación de este impuesto en Europa, a fin de garantizar que el dinero recaudado se destine a la lucha contra la pobreza nacional e internacional. Esperemos que otros estados europeos adopten una postura más valiente.

Por otra parte, los estados tienen en su mano mantener sus compromisos en materia de cooperación al desarrollo. El compromiso con la reducción de las desigualdades entre países desarrollados y en desarrollo no sólo es ético, también es estratégico. En una economía más y más interconectada, garantizar condiciones de vida dignas en Brasil tendrá repercusiones positivas en el bienestar de, por ejemplo, los madrileños. A un nivel mucho más inmediato, la cooperación crea lazos firmes entre países, algo que en un mundo cambiante, en el que “desarrollado” y “en desarrollo” remiten a una frontera cada vez más difusa, sólo puede ser beneficioso.

Para saber más

Gonzalo Fanjul, investigador del Laboratorio de Ideas de ISGlobal, ha elaborado un informe recientemente publicado por UNICEF en el que analiza el caso concreto del tercer país más pobre del mundo: Mozambique.