Un segundo año pandémico, en cifras

La OMS ha aprobado 10 vacunas para uso general. Se trata de las vacunas de ARNm producidas por Moderna y Pfizer-BioNTech, las vacunas a base de vector adenoviral producidas por Janssen y AstraZeneca-Oxford (y el equivalente de esta última producida por el Serum Institute de India), las vacunas de virus inactivado producidas por Bharat Biotech, Sinopharm y Sinovac, y más recientemente la vacuna a base de proteínas de Novavax (y su equivalente del Serum Institute de India).

Aunque estas primeras vacunas han demostrado ser seguras y eficaces, el mundo sigue necesitando otras vacunas que sean más fáciles de fabricar y distribuir en los países de renta baja y media, que se adapten a las nuevas variantes virales, y/o que sean más eficaces para reducir la transmisión viral (por ejemplo, vacunas intranasales). Actualmente se están probando más de 100 vacunas en ensayos clínicos, de las cuales más de 40 están en las últimas fases. Diez candidatas han sido abandonadas tras fracasar en los ensayos clínicos.

Hace apenas un año, la primera vacuna de la COVID-19 se administraba en el Reino Unido, marcando el inicio de una campaña global de vacunación. Desde entonces se han administrado 8.780 millones de dosis en el mundo (a día de hoy). El desarrollo, la producción y la administración de estas vacunas en tan poco tiempo es una hazaña increíble, pero que queda ensombrecida por el hecho de que casi 3 de cada 4 dosis (el 73%) se han administrado en países de renta alta y media-alta.

Uno de los mayores fracasos de esta pandemia ha sido el acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos. De las 8.780 millones de dosis administradas en el mundo, solo el 0,8% a llegado a países pobres. Como resultado, el 92,8% de personas en dichos países siguen esperando recibir al menos una dosis de vacuna. En Tanzania, el porcentaje de personas con pauta completa es apenas del 1,75%. Y solo uno de cuatro sanitarios en África tiene la pauta completa de vacunación. Según las últimas estimaciones de COVAX, para fines de 2021 habrá distribuido 1,4 millones de dosis, muy por debajo del objetivo inicial de dos mil millones. El problema es más de suministro (no hay suficientes vacunas) y logística (se envían con retraso, cerca de su fecha de caducidad o con poco aviso), que de dinero.

El riesgo de morir por COVID-19 entre personas de 60 a 80 años fue 25 veces menor si estaban vacunadas, en comparación con las no vacunadas, según datos recientes publicados por las autoridades españolas. Los datos de otros países, incluidos los EE.UU. y el Reino Unido, confirman el enorme impacto que las vacunas han tenido en disminuir el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19. Solo en Europa se salvaron casi medio millón de vidas entre personas de 60 años o más en el 2021, según estimaciones del ECDC. Aunque se ha visto que la eficacia contra la infección o los síntomas disminuye con el tiempo, las vacunas mantienen una elevada protección contra la hospitalización y la muerte, y una dosis de refuerzo aumenta la eficacia incluso contra la variante ómicron.

El 97,1% de las 100.000 personas que murieron por COVID-19 en EE.UU. entre mediados de junio y principios de octubre no estaban vacunadas, a pesar de que el país bañaba en vacunas. La mayoría de estas muertes evitables se produjeron en el sur y muchas de ellas fueron en personas menores de 55 años. Esta cifra ilustra uno de los principales obstáculos para acabar con esta pandemia (además de la inequidad de las vacunas): la reticencia a vacunarse, alimentada por la desinformación y, en algunos casos, por la ideología política. Una encuesta realizada en 15 países muestra que Estados Unidos ocupa el segundo lugar, por detrás de Rusia, en reticencia sobre las vacunas, con 1 de cada 5 personas que no están dispuestas a vacunarse. Pero la desconfianza en las vacunas no es un problema exclusivo de los países de renta alta, y a menudo va de la mano de la desconfianza en el gobierno. 

En los últimos meses, dos fármacos antivirales han demostrado eficacia en reducir las hospitalizaciones y muertes entre pacientes COVID-19 de alto riesgo, cuando se administran en los primeros días tras la aparición de síntomas: un compuesto desarrollado por Merck (aunque la eficacia final es sólo del 30%), y otro por Pfizer (con una eficacia anunciada del 89%). Estos medicamentos tan necesarios (junto con otros antivirales prometedores en fase de desarrollo) serán muy útiles para reducir hospitalizaciones, pero solo tendrán impacto si están disponibles y son asequibles en todos los países, y si van acompañados de un fácil acceso a pruebas de diagnóstico. A diferencia de las vacunas, que se desarrollaron a una velocidad sin precedentes gracias a décadas de investigación previa sobre otros coronavirus y nuevas estrategias de vacunación, los medicamentos antivirales para tratar la COVID-19 han tardado más en desarrollarse.

Más del 90% de pacientes hospitalizados por COVID-19 en el continente americano recibió antibióticos, pero solo el 7% realmente los necesitaba para tratar una infección. Esto alimenta aún más lo que la OMS considera una de las mayores amenazas para la salud global: la resistencia a los antibióticos. Si bien el impacto directo de la pandemia en la salud es innegable –5,5 millones de muertes declaradas (la cifra real puede ser superior a 15 millones) y un número considerable (pero difícil de calcular) de personas que padecen Covid prolongada–, su impacto indirecto en la salud seguramente será mayor. Además del mal uso de antibióticos y otros medicamentos, la prestación de servicios sanitarios de rutina se ha visto muy afectada. Algunos ejemplos: tres millones de niños y niñas más no recibieron su primera vacuna contra el sarampión en 2020, se calcula que en Europa se dejaron de realizar 100 millones de pruebas de detección de cáncer (lo que significa que hasta un millón de europeos podrían estar viviendo con un cáncer sin diagnosticar), y el número de muertes por tuberculosis en el mundo aumentó por primera vez en más de una década.

Los escolares de todo el mundo han perdido 1.800 billones de horas de aprendizaje presencial durante la pandemia, afirma UNICEF, y advierte que la población infantil y adolescente podría sentir el impacto de la COVID-19 en su salud mental y bienestar durante muchos años. Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han sido enormes y, como suele ocurrir, las y los niños están pagando el precio más alto. 100 millones de menores adicionales cayeron en la pobreza en 2020 (un aumento del 10% desde 2019). Mientras tanto, los multimillonarios del mundo se han enriquecido aún más: en 2020 vieron el mayor aumento a su fortuna, y el 10% más rico posee el 76% de la riqueza mundial, según el último Informe sobre la Desigualdad en el Mundo. 

Aproximadamente 1.560 millones de mascarillas habrían acabado en los océanos en 2020. El total de residuos plásticos en el 2020 (y probablemente de 2021) fue por lo menos el doble que en 2019. Parte de este incremento se debe a la demanda pública de mascarillas y guantes y al aumento de los envases de plástico en la comida para llevar y los comercios electrónicos, pero gran parte del desperdicio plástico sale de los hospitales. En este sentido, un grupo de 50 países se comprometió en la COP26 a desarrollar sistemas sanitarios más resilientes al clima y con menos emisiones de carbono. La cumbre del clima logró importantes avances en varios ámbitos (por ejemplo, los compromisos para frenar las emisiones de metano), pero se quedó corta para mantener el objetivo de 1,5 grados. Las Naciones Unidas calcula que, con los compromisos actuales, el mundo está en camino de alcanzar 2,5ºC de calentamiento para finales de siglo.

Se han subido 6.361.329 secuencias genómicas del SARS-CoV-2 a la plataforma de la Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). GISAID fue creada en 2008 por la comunidad científica como una base de datos sin ánimo de lucro para compartir los genomas de los virus de la gripe. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, los investigadores empezaron a subir las secuencias genómicas del SARS-CoV-2, y desde entonces cada vez más países han contribuido información. Este intercambio rápido y abierto de datos ha permitido hacer un seguimiento continuo de la propagación del virus y sus variantes, y ha ayudado a desarrollar kits de diagnóstico, prototipos de virus para la investigación, vacunas y anticuerpos. El GISAID es la prueba viviente de que la ciencia abierta –en la que las comunidades comparten conocimientos socialmente útiles, de forma libre y gratuita– puede funcionar, y que el intercambio abierto de datos durante una pandemia es más importante que nunca. En este sentido, la OMS ha puesto en marcha un nuevo centro en Berlín (Alemania) con el objetivo de compartir datos e inteligencia para evaluar y responder mejor a las amenazas de salud global.