El impacto de la COVID-19 en la población migrante a debate

La pandemia de la COVID-19 ha tenido efectos devastadores sobre la población migrante, a la vez que ha demostrado el papel imprescindible que los trabajadores extranjeros juegan en las economías y sistemas de protección de sus países de acogida. Esta experiencia es una muestra de la importancia de tener políticas que garanticen los derechos fundamentales de quienes se mueven y optimicen los beneficios para todas las partes involucradas en el proceso migratorio.

Este ha sido el tema central del seminario “Salud, Covid-19 y migraciones: el impacto de la pandemia en el fenómeno de la movilidad humana en Iberoamérica”, que ha tenido lugar esta semana en Mérida (Extremadura), promovido por la SEGIB con la colaboración de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). El evento, orientado a promover la reflexión y brindar herramientas que permitan la toma de decisiones basadas en la evidencia, ha reunido a organizaciones internacionales, think tanks, ONG, y expertos independientes, que han participado desde una decena de países de la región.

El seminario de Mérida, liderado por ISGlobal, Lancet Migration y OPS, ha significado, además, el punto de partida de los trabajos preparatorios para el IV Foro Iberoamericano de las Migraciones, que se celebrará en el segundo semestre de 2022 en República Dominicana, previo a la XXVIII Cumbre Iberoamericana. Este foro gira en torno a cuatro ejes: 1) protección y derechos fundamentales de la población en movimiento, 2) movilidad laboral, 3) narrativas del debate migratorio, y 4) migración, Covid-19 y salud.

Durante la reunión, se ha realizado un diagnóstico del estado de la cuestión, profundizando en el impacto de la pandemia en las poblaciones migrantes, la respuesta de los gobiernos y la sociedad civil, así como las perspectivas de flujos migratorios para el corto y medio plazo. Entre los desafíos que los migrantes encuentran, los expertos han señalado las barreras para la atención médica (información inadecuada, barreras del idioma y derechos reducidos) y los determinantes sociales de la salud (ocupaciones de alto riesgo, viviendas hacinadas y mala alimentación, entre otros). Además de los desafíos propios de los sistemas de salud en relación a la falta de financiación, la debilidad de la cooperación regional en relación a los sistemas de información, y la articulación de contranarrativas respecto la estigmatización de los migrantes.

Los expertos han comenzado a diseñar un mapa de buenas prácticas y experiencias, poniendo énfasis en la inclusión de poblaciones migrantes en la respuesta al COVID-19 y en la garantía del derecho a la salud. En este punto, Latinoamérica aparece como una de las regiones líder en la integración de migrantes. Por último, se ha desarrollado un plan de trabajo del grupo de migraciones y salud para determinar cuáles han de ser los próximos pasos a seguir.

“La salud es un derecho fundamental de todos, también de quienes cruzan una frontera entre países latinoamericanos o hacia Europa. Lamentablemente, los problemas se acumulan. La pandemia nos recuerda la necesidad de reformar un modelo migratorio roto” ha concluido Gonzalo Fanjul, director de Análisis de ISGlobal.