Administraciones, científicos y sociedad civil analizan la nueva directiva europea sobre reducción de emisiones contaminantes

Se prevé que en un plazo de dos semanas el Parlamento Europeo dé luz verde a un texto que ya tiene sobre la mesa: la nueva directiva europea sobre reducción nacional de las emisiones contaminantes. El texto fija los objetivos de reducción de determinados contaminantes atmosféricos que deberán cumplir los estados miembro. Con motivo de la inminente aprobación de esta normativa,  la Oficina de Información en Barcelona del Parlamento, con la colaboración de ISGlobal y de la delegación del CSIC en Cataluña, acogió el pasado 11 de noviembre en su sede un debate con la eurodiputada Julie Girling, ponente de la nueva directiva, y en el que han participaron también las administraciones local, metropolitana y autonómica, científicos y organizaciones de la sociedad civil.

Durante su intervención, Julie Girling explicó que la nueva directiva, que establece objetivos de reducción vinculantes para los años 2020 y 2030, así como objetivos indicativos para 2025, es fruto de “cinco meses de difícil negociación y debates duros”. 

Según la Comisión Europea, los costes de la contaminación atmosférica relacionados con la salud se estiman entre los 390.000 y los 940.000 millones anuales. En este sentido, el investigador de ISGlobal Jordi Sunyer afirmó que “las medidas contra la contaminación atmosférica son una de las estrategias coste-beneficio más importantes para mejorar la salud”. “En Europa hay millones de chimeneas, que son los tubos de escape. No entendemos por qué la UE ha apoyado el diésel, cuando sabemos que provoca cáncer y que emite partículas que son perjudiciales para nuestra salud. Desde el sector de la salud pedimos a las administraciones europeas que reviertan la cuestión del diésel”, recalcó.

Por su parte, el investigador del CSIC-IDAEA Xavier Querol destacó que el 87% de la población europea respira niveles de PM2,5 que superan los valores marcados por la OMS, mientras que en el caso del ozono el porcentaje asciende hasta el 97% .

“No es un problema de movilidad, sino un problema de salud pública”, apuntó Janet Sanz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, quien mencionó la apuesta de la ciudad por el modelo de las Supermanzanas. Sin embargo, añadió, “el gran reto es la mejora del transporte público. En Barcelona tenemos un sistema de transporte público importante, pero todavía insuficiente”.

Mercè Rius, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, aludió a la mejora de la movilidad como una de las grandes tareas pendientes, incluyendo el puerto y el aeropuerto. Asimismo, mencionó algunas de las medidas autonómicas previstas, como la creación de zonas urbanas de atmósfera protegida o la eliminación de las bonificaciones a los vehículos diésel en los peajes.

Por su parte, Antoni Poveda, en representación del Área Metropolitana de Barcelona, dio a conocer un plan de actuación que incluye iniciativas como la creación de zonas de bajas emisiones y de aparcamientos disuasivos, la promoción de vehículos de bajas emisiones o el cambio en la regulación de los semáforos para favorecer a los peatones. 

La clausura del acto correspondió a la investigadora de ISGlobal Cathryn Tonne, para quien resultó “obvio que la nueva directiva europea es bienvenida y necesaria, pero insuficiente para proteger la salud pública en Europa”. No obstante, recordó que “la legislación europea únicamente establece los mínimos” y que “hay muchas otras acciones que pueden ser tomadas a todos los niveles”.