El impuesto a las transacciones financieras, que en España entrará en vigor en 2014, es una demanda histórica de la sociedad civil desde que James Tobin ideara su famosa tasa al inicio de la década de los 70. En su versión actual se lo conoce como “Tasa Robin Hood”. Este nombre, acuñado por Stamp Out Poverty (una red de referencia en el impulso y coordinación de la presión social para la aplicación de la medida), es una brillante declaración de intenciones: recaudemos entre los que más tienen para distribuir entre los que más lo necesitan. Referirse a “los que más tienen” no es, en este caso, un ejercicio de demagogia: la medida se aplicará sobre diferentes productos del sistema financiero, cuyos beneficios, por desmesurados, son difíciles de concebir: según un informe de Intermón Oxfam, las transacciones financieras a nivel mundial superan en 75 veces el conjunto de actividades de la economía real. ¿Pueden visualizar la cantidad de dinero que esto representa? Tengan en cuenta, además, que el beneficio generado en este sector no se transforma ni en crecimiento ni en desarrollo, sino que enriquece sobremanera a un pequeño grupo de beneficiarios, a los que prácticamente no se les aplica impuestos. A todo esto (que no es poco) añadan las consecuencias terribles que el rescate al sistema financiero están teniendo sobre los ciudadanos de los países desarrollados, y sobre los de los países en desarrollo. Estos últimos no son noticia (no suelen serlo), pero están sufriendo en primera persona los recortes en los fondos destinados a la solidaridad internacional. Necesitamos a Robin Hood más que nunca.

Ante este panorama, en diciembre de 2012 el Parlamento Europeo aprobó que 11 países, entre ellos España, avancen hacia la aplicación del impuesto a las transacciones financieras. Esto representa una victoria significativa para las organizaciones que durante 40 años han reclamado la tasa, y para todas las personas deseosas de que el sistema financiero contribuya a reparar, al menos en parte, los efectos de la crisis económica y social generada, en gran medida, por sus prácticas. No obstante, se abre ahora otra etapa determinante en la batalla por la aplicación del impuesto: es fundamental que su recaudación se destine a la lucha contra la pobreza, y no a reducir el déficit de los estados. Se calcula que en España los fondos alcanzarían los 5.000 millones de euros al año. Intermón Oxfam y el resto de organizaciones coordinadas en torno a la Alianza por la Tasa Robin Hood, entre ellas ISGlobal, solicitan que este dinero se destine, íntegramente, a combatir la pobreza. Se propone que la mitad de los fondos recaudados se destine a la lucha contra la pobreza en España, y la otra mitad se añada (sin sustituirlos) a los fondos destinados a la Cooperación Internacional y la lucha contra el cambio climático. En materia de Salud Global, se destinarían 250 millones para salud materno-infantil y el Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Pese a que Cristóbal Montoro pueda encontrar difícil resistirse a la tentación de destinar la recaudación conseguida por medio de la tasa a otros fines, la presión social puede lograr que el impuesto se convierta en un instrumento de justicia que ayude a los que más lo necesitan. Si quieres contribuir a ello, no dejes de firmar esta petición.

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Carta firmada por 350 organizaciones para pedir a Rajoy la implementación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF)