Esta entrada ha sido escrita por David Hammerstein (@DaHammerstein), del Diálogo Transatlántico de Consumidores, en contestación al anuncio de compra de medicamentos contra la Hepatitis C realizado recientemente por el Gobierno español. En una publicación anterior hacía una reflexión general sobre el efecto de las patentes en los tratamientos contra la enfermedad. Esta entrada se publica conjuntamente con el blog 3.500 millones de El País.

Existen curas eficaces y relativamente sencillas para los millones de personas afectadas por la hepatitis C. Pero no será mediante el medicamento Simeprevir, tal y como daba a entender el diario El País hace unos días, cuando el Gobierno español anunció la compra de este fármaco para su sistema de salud pública. Al contrario, lo que está pidiendo a gritos la sociedad civil española y mundial es un precio asequible y justo para un tratamiento universal, algo bien alejado de la desorbitada cifra de 25.000 euros por tratamiento que está dispuesto pagar el Gobierno . A este precio, tratar a solo un tercio de los afectados españoles por la hepatitis C costaría a los contribuyentes más de 7.500 millones de euros.

Por si fuera poco, Simeprevir -el fármaco producido por el laboratorio Jannsen para el tratamiento de la hepatitis C- tiene desventajas significativas frente a otro fármaco llamado Sofosbuvir.

Simeprevir cubre a una población de enfermos más limitada y supone para el paciente graves efectos secundarios, derivados del uso de otro fármaco necesario para el tratamiento . A diferencia de Sofosbuvir, Simeprevir debe ser tomado diariamente como parte de una triple terapia que incluye la ribavirina y un inyectable interferón pegilado que tiene importantes efectos secundarios, lo que excluye del tratamiento a un gran grupo de pacientes, como aquellos que también sufren el HIV/SIDA. Es también importante tener en cuenta que este medicamento que comprará el Gobierno español no sirve para personas que no tengan unos genotipos determinados. Sofosbuvir es eficaz para más genotipos y, al no exigir el interferón complementario, permitiría tratar a muchos enfermos que actualmente no son elegibles. Según algunos investigadores, uno de los tratamientos más eficaces contra la hepatitis C sería combinar Simeprevir con Sofosbuvir, algo imposible ahora dado el alto precio de estos productos patentados.

Si las aplicaciones del Simeprevir son más limitadas que las del Sofosbuvir, ¿cómo se explica la opción del Gobierno? En mi opinión, es una cortina de humo que desvía la atención de la manifiesta debilidad de España y de las instituciones europeas e internacionales, incapaces de reducir los desorbitados precios impuestos por la empresa farmacéutica que tiene la patente sobre el medicamento. En la medida en que inflan los precios de forma desproporcionada, las patentes suponen un muro entre un remedio certero y los más de 150 millones de personas en el mundo que sufren esta enfermedad, que causa un millón de muertes cada año. La noticia publicada en este diario daba la falsa impresión de que el problema de la curación de la hepatitis C está "en vías de solución" mediante la compra del Simeprevir. Por desgracia, con este costoso medicamento estamos muy lejos de un acceso universal al mejor tratamiento disponible. Es inaceptable que por culpa de un perverso modelo de patentes farmacéuticas privadas y monopolísticas haya que pagar 1.000 veces más de lo que realmente cuesta la producción de las pastillas . Se trata de un precio arbitrario, abusivo e inmoral que no guarda relación alguna con el coste real de las inversiones realizadas en su proceso de investigación y producción.

Existe un clamor mundial en favor de la bajada del escandaloso precio del Sofosbuvir patentado por la farmacéutica Giliad (55.000 euros por un tratamiento de tres meses). La cura de la hepatitis C mediante este fármaco tiene claras ventajas frente a todas las alternativas disponibles. Lamentablemente, docenas de millones de afectados en el mundo (y centenares de miles de pacientes españoles) siguen esperando este tratamiento eficaz de la enfermedad, al que no acceden debido al altísimo precio de dicho fármaco. A pesar de su precio disparatado y excluyente, las ventas de Sofosbuvir a los pacientes más pudientes ya han reportado la farmacéutica Giliad unos beneficios de casi 3.000 millones de euros… en los últimos tres meses . Según un estudio de la Universidad de Liverpool, el coste de producción de cada pastilla es de unos pocos céntimos, aunque Giliad vende cada unidad a 650 euros. Incluso cobrando un euro por pastilla (100 euros por tratamiento) en una versión genérica, el medicamento dejaría un beneficio sustancial para la empresa. Si no cambiamos radicalmente el actual modelo de innovación biomédica -dominado por la mal llamada "propiedad intelectual"- no veremos una versión genérica de este producto hasta el año 2025 o 2030.

La pasividad del Gobierno en un asunto que afecta las necesidades colectivas en materia de salud resulta escandalosa. Si la Unión Europea ha establecido normas de transparencia y unos estrictos precios máximos en asuntos como el roaming  telefónico, ¿no deberían tener los medicamentos esenciales un tratamiento similar?

No resulta sensato ni decente que el "precio justo" de un medicamento que puede salvar muchas vidas sea el resultado de una simple negociación mercantil entre un gobierno como el español y una empresa farmacéutica. O que sea el fruto de una imposición comercial por parte de una compañía que tiene el privilegio del monopolio sobre el medicamento mediante una patente. Es inaceptable que el interés común se arrodille ante el negocio privado de una empresa farmacéutica. La única respuesta política aceptable es asegurar que tanto los precios como el conjunto del proceso de innovación médica se adecúen a las exigencias universalistas del derecho a las prestaciones sanitarias , una condición que ha de ser establecida por las instituciones públicas y no por un vaivén de actores y beneficios económicos en el mercado.